La Associació d’Industries de Plàstic de Catalunya (AIPC), reclama a hacienda la suspensión temporal del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables ante la subida del coste de producción provocada por la guerra de Irán. La entidad vinculada a la patronal Cecot calcula que la producción se ha encarecido entre un 20% y un 40% debido a la subida de ciertos componentes que proceden del petróleo -como el etileno o el polietileno- y que en algunos casos han llegado a duplicar su precio en el mercado.
«Ahora mismo el incremento de media que nos encontramos va entre el 20% y el 40%, en algunos casos más extremos puede subir hasta el 60%, pero no es lo habitual», explica Fabià Asensi, presidente de AIPC en conversaciones con elEconomista.es. «El problema -añade- es que el coste ha subido de golpe, pero por experiencia sabemos que tardará un par de años en volver a bajar».
La organización apunta a la especulación por parte de las grandes petroleras como el motivo de este ascenso meteórico de los precios a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, un incremento artificial del precio que impacta sobremanera en las pymes catalanas.
Es por eso que la entidad ha enviado una petición formal al ministro de Hacienda, Arcadi España, para que este gravamen quede suspendido hasta que el coste de producción baje, al menos, por debajo del 20% actual.
Este impuesto, que empezó a aplicarse en 2023, implica un gravamen de 0,45€ por cada kilo de plástico no reutilizable producido en envases de un solo uso. En 2025, los ingresos derivados por esta medida ascendieron a 599 millones de euros, un 4,8% más que en el pasado año debido al incremento de las importaciones y a la reducción de las devoluciones. «Lo que proponemos es que si el coste de producción sube más de un 20% de lo que sería el índice de mercado habitual, el impuesto debería dejar de aplicarse, ya que el incremento lo estamos pagando con la subida de precio», detalla Asensi. Si se mira desde el momento en que se puso en marcha el gravamen, la recaudación total se eleva hasta los 1.883 millones de euros en tres años.
Más transparencia
Por otro lado, Apic también reclama más transparencia en lo referente al destino de este impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, un gravamen que no tiene carácter finalista pero que la entidad denuncia que no se traslada a actividades que beneficien al sector.
«No vemos que se estén haciendo más plantas de reciclaje o se estén desarrollando nuevas tecnologías para mejorarlas; este dinero va a las arcas del Estado y nadie sabe lo que pasa con ellos; por eso reclamamos que al menos mejore la comunicación con el sector para explicar qué se hace con este impuesto», apunta Asensi.
Fuente: El Economista