El Gobierno prevé incluir en el decreto de vivienda que busca llevar al Consejo de Ministros este martes restricciones a la compra de vivienda por parte de los fondos a través de «compras especulativas» y bonificaciones fiscales tanto para inquilinos para «rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata» y para los caseros que recorten los costes de la renta. El documento también contiene una batería de medidas que prevén aumentar la protección de los inquilinos, endurecimientos de las condiciones para desahuciar e impulso a la vivienda protegida. El Ejecutivo mantiene conversaciones con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta legislación, después de que el anterior intento de sacar la norma adelante antes de verano quedase paralizado por falta de apoyos. Medidas similares fueron rechazadas en abril en una votación en el Congreso.
El Ministerio de Vivienda busca ahora la aprobación del decreto «ambicioso y transversal» con medidas que convenzan a todos los grupos políticos para evitar el rechazo del Parlamento. El desahucio la pasada semana de Maricarmen Abascal en Madrid y las protestas que ha suscitado han impulsado al Gobierno a retomar la senda del acuerdo en Vivienda que se aplazó el pasado julio hasta este mes de septiembre.
Sin embargo, Sumar, el socio minoritario del Gobierno advierte de que el acuerdo sobre el texto «aún sigue muy lejos» y señalan que aún falta una «protección completa frente a los desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, los pisos turísticos o la renovación de contratos».
Bonificaciones fiscales para inquilinos y caseros
El texto del Ejecutivo prevé la «estabilización de los contratos del alquiler» para evitar renovaciones abusivas en aquellas autonomías donde no se está aplicando la Ley de Vivienda de 2023. Además, se incluyen bonificaciones fiscales para los inquilinos para rebajar el esfuerzo que realizan, asñi como bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler, con el objetivo de que caigan los precios.
En esta línea, el documento también contempla ayudas a la compra de la primera vivienda. Una medida dirigida a ayudar a las personas que quieren comprar una vivienda pero no tienen ahorros previos. Esta fue de una de las exigencias de Junts para votar a favor del decreto el pasado mes de julio.
Respecto al alquiler de temporada, el texto busca acabar con el «fraude en los contratos de corta duración» y poner un IVA a los pisos turísticos para que tributen al 21%.
El Gobierno también ha incluido la protección del parque estatal en el decreto con el objetivo de que «nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores». También se contemplan bajadas del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente para que la regulación sea acompañada con la ampliación del parque de vivienda asequible.
Todas estas medidas están en negociación con los grupos políticos. El Gobierno asegura que la concreción de estos puntos está pendiente de un acuerdo con los grupos parlamentarios para responder al «clamor social» y mejorar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.
Desde Sumar ya han remarcado que el acuerdo sobre el texto «sigue muy lejos» y que no van a validar un texto «que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía». Sumar defendía que el decreto de vivienda, que inicialmente se quería aprobar en julio pero se retrasó por falta de apoyos, tenía que ir a este próximo Consejo de Ministros «sí o sí» y que no se contemplaba otra opción. Incluso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a movilizarse contra el Ejecutivo del que forma parte.
Fuente: El Economista