El Ministerio de Hacienda ha dado su visto bueno a las ofertas extraordinarias de empleo pactadas entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) para lograr la desconvocatoria de su huelga ferroviaria —que mantuvieron los minoritarios—, lo que permitirá incorporar 3.600 nuevos trabajadores en el sistema ferroviario nacional hasta 2030, divididos en 2.400 para Adif y 1.200 para Renfe. El refuerzo de plantillas en Adif y en el grupo Renfe supondrá un impacto presupuestario conjunto de 153,6 millones de euros. La autorización de este gasto se comunicó este lunes a los representantes sindicales en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo, donde el departamento liderado por Óscar Puente informó de los avances en los compromisos asumidos para desactivar los paros.
El grueso del refuerzo corresponde a Adif, que incorporará 480 plazas anuales hasta 2030, lo que suma 2.400 empleos adicionales en el periodo, mayoritariamente destinados a internalizar procesos de conservación. Según los datos trasladados en la comisión, esta ampliación tendrá un coste estimado de 102 millones de euros. En paralelo, el grupo Renfe contará con 1.200 plazas adicionales, todas ellas en 2026, con un impacto presupuestario de 51,6 millones.
Las nuevas contrataciones se enmarcan en el giro estratégico acordado a comienzos de mes, que incluye un incremento del 39,4% en el gasto de mantenimiento hasta 2030 y una senda de inversión creciente para la red convencional y la alta velocidad. El objetivo es reforzar la seguridad, avanzar en la internalización de trabajos y afrontar el envejecimiento de la infraestructura.
Además de las plazas en Adif y Renfe, la tasa adicional de reposición incluye 50 nuevos puestos en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). En este caso, el Gobierno ha tramitado la modificación de sus estatutos para crear dos nuevas subdirecciones que permitan asumir las nuevas competencias en materia de supervisión y seguridad. El cambio normativo se incorporará a un real decreto que será remitido esta misma semana al Consejo de Estado, según han revelado los sindicatos.
La Comisión Paritaria constituida tras el acuerdo será la encargada de supervisar el cumplimiento de cada uno de los puntos pactados. Este órgano coordinará distintos comités y grupos de trabajo y evaluará el grado de ejecución de las medidas antes de certificar su cumplimiento. Todas las partes se han emplazado a una nueva reunión de este equipo coordinador el 9 de marzo.
Mientras tanto, en el ámbito normativo, el Ministerio está a la espera del informe de la Abogacía del Estado para modificar el artículo 36 del Real Decreto sobre seguridad en la circulación ferroviaria, con el fin de clarificar los tiempos máximos de conducción continuada, una exigencia impuesta por el sindicato de maquinistas Semaf. La revisión afecta directamente a la organización del trabajo de las operadoras ferroviarias y a los criterios de seguridad operacional.
También se pondrá en marcha un comité específico para el seguimiento de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), que agrupará y supervisará las restricciones vigentes en la Red Ferroviaria de Interés General. A ello se suma la creación de un grupo de trabajo para elaborar un protocolo común de actuación ante alertas meteorológicas adversas, que deberá constituirse en el plazo de un mes.
En paralelo, se activará un comité en aras de desarrollar una gestión compartida de riesgos entre administrador de infraestructura, operadoras y maquinistas, que incluirá participación sindical. De igual manera, se tratará de homogeneizar los itinerarios formativos y de los requisitos de simulación en la conducción; y la AESF tendrá que fijar la dotación mínima de tripulación en los trenes, atendiendo a factores como el tipo de servicio, la infraestructura o la capacidad de los convoyes.
Fuente: El Economista