Hacienda recrudece la guerra contra las estructuras que inflan créditos fiscales y serán el foco de la inspección en 2026

Hacienda recrudece la batalla contra las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) que inflan los créditos fiscales y las deducciones para los socios que las financian. El director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, Manuel Trillo, avisó ayer de que la Administración establecerá como uno de los objetivos para 2026 frenar los abusos fiscales ligados a estas estructuras, tal y como reflejará el Plan General de Control Tributario para este año que se publicará en los próximos días.

Trillo aseguró que las rentabilidades que obtienen los inversores de las AIEs en forma de incentivos fiscales en ocasiones han llegado a superar hasta el 1.000% de la inversión inicial, aunque lo habitual es que estén en el entorno del 150%. Los beneficios tributarios que proporcionan estas estructuras, señala, ha provocado que se genere un negocio propio en el que hay personas que se dedican a crear AIEs y poner en contacto a responsables de proyectos de inversión con socios que les financien. Como ejemplo, destacó que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por cinco la constitución de estas entidades.

Las AIE, que existen desde hace más de 30 años, se utilizan para desarrollar proyectos audiovisuales, como películas o series, pero también de I+D+i. Cuando una persona o una empresa necesita financiación para desarrollar un proyecto de investigación busca un inversor privado que mete el dinero en una AIE. Como estas estructuras no existen como figura tributaria, es decir, no pagan impuestos como cualquier empresa, la responsabilidad fiscal se traslada al inversor. De este modo, si el socio financió el proyecto con cinco millones y obtiene pérdidas, se arroga tanto el crédito fiscal como las deducciones a las que tenga derecho por realizar una actividad de I+D+i.

Según advirtió Trillo durante su intervención en la jornada sobre ‘Novedades en fiscalidad empresarial para 2026’ organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el problema está en que la persona que desarrolla el proyecto de investigación «puede decidir lo que cuesta el proyecto». Es decir, puede inflar su precio generando aún más ventajas fiscales para el inversor.

El director de inspección de la Agencia Tributaria aclaró que desde Hacienda no tienen «nada en contra» de que se utilicen las AIE como vehículo inversor y de mecenazgo tecnológico y cultural. Pero, añadió, «sí tenemos mucho en contra de los abusos». Por tanto, el fisco entrará a averiguar si el coste del proyecto es real.

«Lo que le preocupa a la Agencia Tributaria es el mal uso, es el abuso. Por eso vamos a seguir trabajando aquí, porque es mejor actuar desde el principio, antes de que se nos vaya de las manos y haya que tomar medidas normativas drásticas donde paguen justos por pecadores», aseguró.

Otro de los asuntos clave en los que la inspección avisa de que pondrá el foco en 2026 es en perseguir a las empresas que se amparan en las exenciones internacionales para evitar la doble imposición de los dividendos, intereses o cánones percibidos para evitar su tributación. Manuel Trillo señaló que perseguirán el abuso cuando desde dentro de la UE se trasladan estos beneficios a terceros países con una fiscalidad más laxa.

Fuente: El Economista