El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) está convocado para este viernes, debido al aplazamiento de la reunión en julio, para aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica. Con la sombra de falta de quórum revoloteando después del plante de la Comunidad de Madrid, solamente se va a producir una novedad respecto al último CPFF celebrado en enero para el mismo tema: Canarias está dispuesta a votar a favor tras conseguir el compromiso del Gobierno de cumplir con la Agenda Canaria.
El nuevo sistema de financiación autonómica, diseñado cuando Mª Jesús Montero era todavía la titular de Hacienda y que recoge peticiones de ERC, es rechazado por parte de las autonomías gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha y Asturias. Estas 13 comunidades consideran que el sistema favorece a Cataluña y que consagra las brechas de financiación regional. El principio de ordinalidad, que consiste en dar más recursos a quien más aporta y que exige Cataluña, es el gran escollo pues el resto (incluidas Madrid y Baleares que saldrían favorecidas con el mismo) considera que agranda la desigualdad para las demás. La falta del fondo de nivelación, que supone la misma financiación por habitantes ajustado, es otro motivo de rechazo.
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha Juan Alfonso Ruiz Molina ha llegado a pedir estos días al Gobierno que no vote en la reunión de hoy, pues son las comunidades autónomas las que deben decidir su futuro.
Sin embargo, no es la oposición de la gran parte de las comunidades autónomas la que deja en el aire la nueva financiación, sino el rechazo de Junts.
Tras el acuerdo del CPFF, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley correspondiente y de ahí, al Congreso. Es aquí donde las posibilidades de salir adelante son escasas. El apoyo de Junts es fundamental y este sistema no cuenta con su visto bueno, por el momento. La formación de Carles Puigdemont se opone a un modelo, negociado con ERC, y que no contempla la no aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en Cataluña o un concierto económico para esta comunidad al estilo foral.
Así las cosas, el Gobierno solamente ha conseguido sacar adelante un proyecto de ley en materia autonómica: el dela condonación de la deuda de las regiones con el Estado. Este proyecto de ley establece que la Administración central asume 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Las comunidades autónomas más beneficiadas son, lógicamente, las más endeudadas, es decir, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Aun así, de nuevo es Cataluña la única a la que satisface esta quita pues el resto está en contra. La postura del PP es que todos los españoles van a asumir el coste del endeudamiento y se mutualizan desfases que no les corresponden. Pero los siete votos de Junts en el Pleno del Congreso celebrado el pasado mes de julio hicieron posible que se aprobase.
No obstante, también esta medida está en el aire. La condonación o quita de deuda se encuentra actualmente en la fase de enmiendas parciales en la Comisión de Hacienda del Congreso. Al retraso habitual que se está produciendo en esta legislatura en el trámite de enmiendas (este proyecto de ley es uno más de los 70 que están atascados en las Comisiones) se unen las exigencias de ERC y Junts en esta fase. Ambos grupos políticos han amenazado al Gobierno con retirar su apoyo al proyecto de ley de condonación a cambio de que la quita a Cataluña sea mayor que la que se establece (17.104 millones). Hay que tener en cuenta que la redacción del anteproyecto se realizó hace más de un año. Desde entonces, la deuda catalana ha crecido. Y las demandas en la tramitación para apoyar una ley se ha convertido en el operativo de la legislatura.
Fuente: El Economista