La Abogacía Española ha presentado el nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), un órgano estratégico integrado por 11 destacados especialistas que nace con el objetivo de aportar análisis, reflexión y propuestas ante los crecientes desafíos que plantea la complejidad del sistema tributario.
La creación de este nuevo consejo se produce en un momento de especial relevancia para el Derecho Tributario, una especialidad que se ha consolidado como la de mayor crecimiento dentro del sector jurídico en España. Según los últimos datos elaborados por la Abogacía Española a partir de información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta área ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024, lo que representa un incremento acumulado del 112 %, muy por encima de la evolución registrada por el conjunto del sector legal.
Durante la presentación del nuevo órgano, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado que el CADT responde a la necesidad de incorporar conocimiento experto en un ámbito jurídico que exige una creciente especialización. En este sentido, señaló que el consejo aspira a convertirse en un referente en Derecho Tributario desde la perspectiva de la Abogacía, promoviendo la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la mejora de la calidad normativa.
El Consejo Asesor de Derecho Tributario nace como un espacio permanente de análisis y reflexión orientado a estudiar la evolución del sistema fiscal y formular propuestas que contribuyan a una regulación más clara, estable y predecible. Entre sus principales objetivos figuran el impulso del diálogo institucional, la colaboración con las administraciones públicas, el fomento de la formación especializada y la elaboración de estudios e informes que sirvan para mejorar el funcionamiento del sistema tributario.
Los primeros retos del nuevo comité
Entre las primeras líneas de trabajo del CADT destaca el estudio de fórmulas que permitan alcanzar un mejor equilibrio entre las funciones de las administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes. El consejo centrará buena parte de sus análisis en cuestiones como la calidad normativa, la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones administrativas, el derecho de defensa y la protección del secreto profesional.
Además, el órgano abordará asuntos de carácter transversal que afectan al ejercicio profesional de los especialistas en Derecho Tributario. Entre ellos figura la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto, una cuestión que genera un amplio debate dentro del sector.
El objetivo será analizar posibles alternativas que permitan compatibilizar el normal funcionamiento de las administraciones tributarias con una mejor conciliación de la actividad profesional de los abogados especializados en materia fiscal, garantizando al mismo tiempo la tutela efectiva de los derechos e intereses de los contribuyentes.
En esta línea, el Consejo estudiará mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo estival que contribuyan a reforzar la protección de los ciudadanos y a mejorar las condiciones de ejercicio de los profesionales que los representan, sin menoscabar la eficacia de la actuación administrativa.
Fuente: El Economista