El principal avance en la modernización de la Justicia «no es la automatización de la burocracia, sino la dotación a jueces, magistrados y fiscales de asistentes de IA generativa, similares a ChatGPT o Copilot en entornos seguros, capaces de rastrear y responder preguntas en tiempo real sobre expedientes masivos», ha explicado Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
Para el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el objetivo es doble, De una parte, evitar que la Administración de Justicia quede en desventaja frente a los grandes despachos que ya usan estas herramientas; y por otro, facilitar el manejo de macrocausas. Para ello, el Ministerio está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, propietarios de los datos, con el fin de habilitar estos sistemas en un entorno corporativo totalmente seguro y respetuoso con la estricta normativa europea de protección de datos.
La modernización tecnológica de la Administración de Justicia en España ha dejado de ser una mera idea a futuro para convertirse en una realidad palpable gracias a la implementación de la automatización. En tribunales como la Audiencia Nacional, donde los expedientes pueden alcanzar los 85.000 documentos, la IA permite al juez rastrear el historial y realizar consultas en tiempo real sobre el sumario con una resolución efectiva. Bajo este modelo, la IA no dicta sentencias: el sistema propone o localiza datos, pero el humano siempre valida. Aunque se reconoce que la tecnología puede fallar, su utilidad para digerir volúmenes ingentes de información supera las limitaciones del análisis humano manual.
Eficiencia operativa
Lejos de ser una promesa de futuro, la automatización ya presenta resultados tangibles en la gestión diaria. En territorios como la Región de Murcia, los bots se encargan del registro, reparto y aceptación de procesos monitorios. En esta comunidad, la tramitación de estos procesos rápidos ha experimentado una aceleración sin precedentes gracias a la intervención de sistemas automatizados que se encargan del registro, reparto y aceptación.
Cuentas de consignaciones
Por otra parte, la red de robots de Justicia ya ha gestionado de forma automática más de 12.728 millones de euros en las cuentas de consignaciones. Estos sistemas ejecutan ingresos, pagos y transferencias con una precisión técnica que ha eliminado el temor al error en la gestión de fondos públicos.
El ponente ha reconocido que, si estos sistemas automáticos hubieran fallado y desviado miles de euros, se habría generado un conflicto gravísimo, pero la fiabilidad de los robots ha provocado que «en la actualidad toda la organización esté encantada con los millones de transacciones gestionadas de forma autónoma».
Lenguaje natural para el ciudadano
Un uso crítico de esta tecnología es la traducción del lenguaje jurídico, a menudo incomprensible para el ciudadano. La IA se está utilizando para convertir resoluciones complejas en lenguaje claro o de lectura fácil. Mediante proyectos piloto, los juzgados están adjuntando anexos simplificados, con frases cortas y apoyos visuales, para personas con discapacidad intelectual o de edad avanzada.
A través de la plataforma Carpeta Justicia, los profesionales ya pueden traducir documentos técnicos para facilitar la comunicación con sus clientes.
Según ha explicado el director general, un abogado ya puede utilizar esta IA para convertir un documento jurídico oficial a un texto de lectura clara con el fin de facilitarle la explicación de su caso a su cliente. Además, la Administración ya está probando el impacto directo de esta tecnología en la ciudadanía mediante un proyecto piloto en Castilla y León.
El nuevo paradigma profesional
La implementación de estas herramientas cuenta ya con la cobertura legal del Real Decreto Ley 6/2023, que regula los documentos asistidos. Sin embargo, Cubo ha asegurado que «la tecnología no viene a sustituir al trabajador judicial, sino a redefinir su relevancia. En el contexto actual, la figura que corre el riesgo de desaparecer no es el profesional de la justicia, sino aquel que decida no integrar la inteligencia artificial en su flujo de trabajo».
Frente a la creencia popular de que otros países europeos podrían llevar la delantera, el director general ha sido contundente al comparar la agilidad del sistema nacional con el de sus vecinos: «¿Tienen algún compañero, abogado o procurador en Francia y cómo se comunica con los órganos judiciales en Francia?», planteó ante la audiencia, subrayando que la situación de España en materia de transformación digital es muy, muy buena y que el país se encuentra muy adelante.
«Somos líderes en España en este tipo de proyectos y hemos liderado también la transformación en relación a la inteligencia artificial y la automatización con proyectos y resultados», ha asegurado de forma categórica, instando a los profesionales del derecho a poner en valor las herramientas de las que ya disponen. Estas realidades confirman que los sistemas de automatización ya están plenamente integrados en los juzgados españoles, agilizando trámites paralizados y gestionando fondos multimillonarios con una eficacia demostrada.
Más allá de los éxitos ya consolidados en la robotización de los procesos monitorios, el Ministerio no se detiene y está enfocando sus esfuerzos en el ámbito del Centro de Transformación Alimentada (CTA) para aplicar la inteligencia artificial a ocho procesos específicos de la jurisdicción civil y tres de la jurisdicción social.
El objetivo de intervenir en estos 11 procedimientos es replicar los buenos resultados de eficiencia logrados hasta ahora, lo que podría suponer, en palabras del propio ponente, un antes y un después para los juzgados. Para lograr estas mejoras sistémicas, Cubo ha explicado que este avance es posible gracias a que la normativa reciente. las leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa, fue diseñada específicamente para funcionar en conjunto. Esta planificación legal permite que la aplicación de la inteligencia artificial y las herramientas digitales favorezcan no solo a la agilidad del proceso judicial en sí, sino también a la nueva estructura organizativa de los tribunales
También ha hecho hincapié en que la IA no debe sustituir la toma de decisiones humana. El uso de la IA, especialmente en herramientas como los robots, se destina a la automatización de tareas administrativas, como el registro y reparto de documentos. En los casos donde la IA asiste en la generación de documentos o propuestas de resolución, se subraya que siempre será el humano quien validará dichas propuestas.
Se ha referido también la importancia de la colaboración con diferentes organismos, incluyendo comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española, para abordar la implementación de la IA de manera consensuada y segura. Finalmente, se ha referido a la necesidad de trabajar en la transparencia y explicabilidad de los algoritmos utilizados. Desde el Ministerio se hace un llamamiento a los profesionales del derecho, letrados de la Administración de Justicia para que participen activamente en la gobernanza y estructuración de los datos, aportando su conocimiento de los procesos judiciales.
Estas herramientas ya son una realidad operativa y gratuita a través de la plataforma Carpeta Justicia. En determinados partidos judiciales de esta comunidad, cuando el sistema detecta que la persona implicada en el proceso judicial puede tener dificultades de comprensión –ya sea por cuestiones culturales o por una edad avanzada–, el juzgado adjunta junto con la resolución oficial un documento anexo de «lectura clara».
Juzgados madrileños
A continuación, ha tomado la palabra su intervención en la mesa sobre inteligencia artificial, Alicia López Díaz, directora de Servicios de la Consejería de la Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, que ha señalado que «la tecnología en los juzgados ya no es ciencia ficción. Así, ha explicado que «Madrid Digital ha creado una verdadera factoría de automatización y robotización». El objetivo de este proyecto es estructurar datos, leer documentos y automatizar tareas administrativas de forma ágil para que puedan ser reutilizadas en la administración.
Este esfuerzo técnico ya da frutos tangibles, pues actualmente la Comunidad de Madrid cuenta con más de 25 robots operativos trabajando activamente en los órganos judiciales de la región.
López Díaz ha puesto como ejemplo de éxito la robotización de la entrada, registro y reparto de escritos de trámite en el decanato. Solo en la proyección para el año 2025, este sistema procesará de forma automática unos 3,5 millones de documentos. Si se calcula que un funcionario necesita hacer al menos dos acciones o clics para registrar cada uno de estos trámites, esta automatización supondrá un ahorro asombroso de unos siete millones de clics, logrando además que los escritos lleguen al expediente del juzgado en cuestión de horas.
Más allá de la gestión interna, la robótica y la inteligencia artificial tienen aplicaciones prácticas que mejoran directamente la experiencia del ciudadano. En el Registro Civil Único de Madrid, se ha implementado un sistema que verifica automáticamente los expedientes de matrimonio. El robot revisa la documentación aportada y, si detecta errores o información faltante, es capaz de pedir al ciudadano una subsanación en apenas unas horas.
Fuente: El Economista