La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha detectado una tendencia clara en los 145 espacios fiscales que ha analizado entre 92 países en materia fiscal. El think tank de los países desarrollados aprecia una reducción de los tipos impositivos a las empresas, mientras que aprecia un aumento de las cotizaciones sociales.
En líneas generales, el informe Tax Policy Reforms 2026, publicado este martes, concluye que los espacios fiscales analizados, entre los que está el español, ahondaron en las deducciones fiscales y las rebajas de impuestos a las compañías mientras propiciaban un aumento de esas cotizaciones sociales para «apoyar el crecimiento y la inversión», a la vez que se respondía a «las crecientes presiones presupuestarias», asociadas al envejecimiento de la población como puede ser el gasto sanitario o las pensiones.
«Sin embargo, en general, las medidas para recaudar ingresos seguían siendo relativamente limitadas», aclaran desde el organismo.
El informe muestra que los gobiernos modificaron tanto la fiscalidad indirecta como las cargas asociadas al empleo para afrontar el impacto de la inflación, el aumento del gasto sanitario y las crecientes necesidades de financiación de los sistemas de protección social.
España no es ajena a esta tendencia. En concreto, el fisco español redujo la base imponible de Sociedades para aplicar incentivos fiscales relacionados con el medio ambiente, así como otros incentivos fiscales vigentes. Eso sí, de manera temporal. Por otro lado, redujo el tipo de impuesto sobre sociedades para las pymes. En concreto, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados a día de hoy, contempla una reducción en 2024 del 25% al 23% del tipo general. Una bajada de dos puntos porcentuales.
Posteriormente, en 2025, se inició otra bajada progresiva para las micropymes (las que facturan menos de un millón de euros), situándolo en el 21% hasta los 50.000 euros de base imponible y del 22% para el resto.
En lo que respecta a las rebajas fiscales de las personas físicas, la OCDE destaca la deducción del Impuesto de la Renta (IRPF) para las personas que reciben un salario bruto igual o inferior a 18.276 euros brutos anuales. Además del importe máximo de 340 euros que se aplicó en 2025 a las personas que cobran el SMI tras el incremento salarial del 4,4%. Este mismo año, Hacienda amplió la cantidad a 591 euros para que el IRPF no ‘borre’ el incremento salarial del 3,1% aplicado en este ejercicio y que las personas que perciban este salario (16.576 euros brutos anuales) no pierdan su poder adquisitivo.
«Las medidas de recaudación del impuesto sobre la renta personal (IRPF) en 2025 fueron a menudo progresivas, incluyendo tipos máximos más altos y reformas a la tributación de las rentas del capital. Además, muchos países continuaron introduciendo reformas de reducción de la base imponible en respuesta al aumento de los precios y con el objetivo de apoyar a los hogares de ingresos bajos y medios, aunque en menor medida que en años anteriores», destacan los expertos en el informe.
En el caso de España, esto solo se aplica al SMI, ya que el Gobierno se niega a deflactar el tramo estatal del IRPF. El hecho de no ajustar los tramos a la inflación hizo que una persona soltera y sin hijos que cobra el salario medio de España en 2025 (32.678 euros brutos al año) perdiese tres décimas de poder adquisitivo, según destacó la propia OCDE en informes anteriores.
Incremento en las cotizaciones
Según los datos del INE, los salarios crecieron en España, de media, un 3,1% con respecto al año anterior. El Ministerio de Seguridad Social ajustó al alza la base máxima de cotización para tener en cuenta este incremento salarial. Asimismo, se incrementaron las tasas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 0,67% al 0,75% para los empleadores y del 0,13% al 0,15% para los empleados.
La Seguridad Social busca con este mecanismo generar un colchón financiero en el Fondo de Reserva de la entidad, la comúnmente conocida como hucha de las pensiones, para hacer frente a la jubilación de la generación del baby boom y el aumento del gasto en pensiones. Así, según el informe de la OCDE, España no es el único país que está aplicando mecanismos para mantener las prestaciones sociales, sino que es una tendencia clara dentro de los miembros del organismo.
Fuente: El Economista