El Ministerio de Hacienda esbozó ayer las líneas principales de la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, con la que quiere elevar en 21.000 millones los recursos de las comunidades autónomas. El Gobierno quiere incorporar con este cambio el Impuesto de Patrimonio como variable para medir la capacidad de recaudación de los territorios, lo que perjudicará a las que decidan bajar sus impuestos, como Madrid.
La vicepresidenta María Jesús Montero concretó ayer que con la reforma, se incorporarían a la caja común los recursos de cuatro impuestos que ya eran gestionados por las comunidades autónomas pero no formaban parte de esta cesta. Así, los territorios tendrán que aportar lo que tienen capacidad para haber recaudado, lo que fuerza a las que hayan llevado a cabo reducciones en sus tipos a cubrir la parte restante con recursos propios.
El Impuesto sobre el Patrimonio es el más importante de ellos, si bien, el Ministerio de Hacienda también ha previsto que se incorporen los recursos del Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Actividades del Juego y el Impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración. Todos ellos se tendrán en cuanta para fijar cuál la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma, que una vez aplicados los diferentes mecanismos de nivelación, determinan la posición de cada comunidad autónoma en el sistema de financiación.
Además, Montero avanzó que a pesar de que no forma parte de la reforma y no tienen cerrada una propuesta concreta, su intención es limitar legislativamente el dumping fiscal, como denomina la práctica por la que algunos territorios reducen los tipos que se aplican en su comunidad autónoma para ganar ventaja frente al resto. La ministra explicó que su intención es evitar que algunas figuras tributarias queden en nada» y «poder dotar de mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas».
Hacienda aseguró que abordaría esta materia con las comunidades autónomas y evitó dar más detalles. No obstante, hizo mención al Impuesto a las Grandes Fortunas que el Gobierno aprobó en respuesta a la decisión de Madrid o Andalucía de bonificarlos al 100%. De esta forma, la vicepresidenta primera dejó entrever que esta es una fórmula a la que podría volver a recurrir para aplicarla a «otras figuras fiscales», al asegurar que este tributo marcaba «la línea y el camino» a seguir. Estas nuevos tributos podrían referirse al Impuesto de Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
También valoró la posibilidad de ampliar las competencias de las comunidades autónomas estableciendo límites a la capacidad de las comunidades de rebajar sus tipos o reservar al Estado un mínimo de imposición en estos tributos, sin crear un impuesto. «El dumping fiscal es un elemento que preocupa al ministerio de Hacienda porque se produce un vaciamiento fiscal y una competencia a la baja en las comunidades autónomas que luego piden más recursos al Gobierno de España» cuestionó la responsable del departamento.
La idea del Ejecutivo es que estas medidas también puedan formar parte del proyecto de ley con el que tratan de reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La idea del Gobierno es dar los próximos pasos de forma rápida, por ello, ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo miércoles, al que seguirán una serie de encuentros con cada comunidad autónoma para afinar sus posiciones sobre los criterios del sistema de reparto de los recursos.
Desde el departamento de Hacienda explican que una vez completada esta primera fase, se procederá al redactado de la norma, con el objetivo de llevar el anteproyecto de ley al Congreso de los Diputados antes del verano. Fuentes del Govern y ERC trasladan que la idea sería celebrar un segundo consejo con todas las autonomías en marzo, para llevar el texto al Consejo de Ministros y que en el mejor de los casos sea aprobado en junio o julio, o, si no es posible, en septiembre.
La intención Hacienda es que el nuevo modelo se aplique ya en 2027, por lo que ha utilizado este año como referencia para hacer las diferentes estimaciones. Sin embargo, la reforma de la LOFCA requiere el voto favorable de 176 diputados, de forma que los cambios no podrán producirse sin el respaldo de Junts, que este viernes volvió a posicionarse radicalmente en contra.
No obstante, Hacienda espera convencer a las comunidades del PP que se verían beneficiadas por los cambios en el sistema (todas recibirían más recursos, a excepción de Cantabria y Extremadura). La propuesta incorpora nuevos criterios para determinar la población ajustada de las regiones, el criterio que se usa para calcular el coste de los servicios públicos y la necesidad de financiación de cada territorio. Además eleva la cesión de IRPF del 50% actual al 55% y del IVA al 56%.
Después, propone una «nivelación horizontal» con la que quieren recortar el 75% de la brecha que exista entre cada territorio frente a la media de recursos por habitante ajustado, que es de 1.500 euros. A la que seguirá una «nivelación vertical» en la que el sistema aportará 19.000 millones para recortar en 2/3 esta distancia, sumando una transferencia adicional al 5% de los recursos obtenidos a través del IRPF.
Fuente: El Economista