La pugna entre las grandes fortunas y Hacienda entró ayer en una nueva fase con la propuesta de Bruselas para poner coto a las actividades de los intermediarios fiscales, a quienes se exigirá que notifiquen a las autoridades, so pena de sanción, la planificación impositiva de sus clientes.
Abogados, asesores fiscales, contables, entidades bancarias o consultores deberán notificar a las autoridades cualquier planificación fiscal transfronteriza que incluya elementos como la utilización de sociedades intermedias, el recurso a la doble deducción o el traslado de los ingresos a jurisdicciones con baja imposición. Los socios de la UE compartirán trimestralmente la información recibida.
El listado de medidas que desencadenan la notificación obligatoria es largo y pretende ser exhaustivo. Pero la Comisión Europea añade que irá actualizándolo tan pronto como detecte nuevas prácticas de evasión o elusión fiscal. La norma no afecta a los intermediarios con domicilio en un país fuera de la UE. Pero en ese caso, la obligación de notificar se traslada al cliente. Cada Estado deberá prever “sanciones disuasorias” para los casos de incumplimiento.
El objetivo es cerrar algunos de los vacíos legales que, según un estudio del Parlamento Europeo, provoca unas pérdidas de ingresos tributarios de entre 50.000 y 70.000 millones.
La Comisión anunció su iniciativa a finales de 2016, coincidiendo con los llamados Football Leaks, una filtración de documentos que reveló las presuntas artimañas fiscales utilizadas por varias estrellas del balón para reducir su factura de impuestos, entre ellos el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo y el entrenador José Mourinho.
“Ponemos en el punto de mira a los profesionales que promueven el abuso fiscal”, señaló ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. “Nuestra propuesta dará más certidumbre a aquellos intermediarios que respetan el espíritu y la letra de nuestras leyes y hará la vida muy difícil para los que no”, añadió el comisario.
La obligación de informar a Hacienda se introduce mediante una reforma de la directiva sobre cooperación administrativa y se espera que entre en vigor en 2019.
Fuente: Cincodías.com