El esfuerzo que una familia española tiene que hacer para pagar los impuestos directos como el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con respecto a su capacidad económica es un 16,5% superior a la media de la Unión Europea. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición indirecta del turismo, que presentó este lunes el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En concreto, el informe concluye que el sistema fiscal español es de los menos competitivos con respecto a la media de la OCDE. España está en el puesto 34 de los 38 países que componen el club de los países desarrollados. Con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100, situándose en la parte baja de la clasificación y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea, según el International Competitiveness Index 2025, elaborado por el think tank independiente Tax Foundation.
Este resultado implica que España ha caído cinco posiciones desde 2018, lo que a juicio del IEE supone un «deterioro continuado» de la competitividad fiscal de España frente al resto de economías avanzadas. A la cabeza del listado estarían los espacios fiscales de Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo que, según explicaba el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, «destacan por contar con sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico».
Así, el ‘esfuerzo fiscal’ mide la carga que supone el pago de impuestos en relación con la capacidad económica de los contribuyentes. Para ello se pone en relación la presión fiscal con variables como el nivel de renta, con el objetivo de estimar el sacrificio relativo que supone pagar impuestos para las familias españolas.
Según explica Gregorio Izquierdo, director general del IEE, el hecho de que las familias españolas tengan que hacer un esfuerzo económico muy superior al resto de economías del entorno para pagar sus impuestos se debe, entre otros factores, al menor nivel de renta que hay en España con respecto a una subida activa de las tasas en los últimos años. Es decir, «mismo sueldo real, pero se pagan más impuestos», aseguraba Izquierdo.
Uno de los fenómenos que afecta al esfuerzo fiscal de las familias es lo que se conoce como la ‘progresividad en frío’, es decir, no adaptar el IRPF en función del aumento de los precios, lo que se conoce como deflactar. Cuando los salarios suben en proporción para compensar la inflación puede hacer que muchos contribuyentes salten de tramo en la tabla del IRPF, lo que implica que la subida salarial queda ‘absorbida’ por los impuestos, haciendo que las familias no ganen poder adquisitivo.
Dentro de las grandes economías europeas, «solamente Italia presenta un esfuerzo fiscal ligeramente superior», reza el informe. Por esto y otras muchas cosas, el sistema fiscal español ha perdido competitividad en los últimos años.
Así, el IEE desarrolla el indicador de presión fiscal normativa a raíz de este Índice de Competitividad Fiscal de Tax Foundation, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario.
A diferencia de la presión fiscal tradicional, la presión normativa calcula la carga tributaria derivada del propio diseño legal del sistema fiscal, con independencia de factores como el empleo y la economía sumergida.
El análisis señala que España cuenta con una presión un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE, lo que «evidencia el carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal en España», remarcan en el informe.
Entre 2018 y 2024, la presión fiscal medida por la recaudación aumentó en España en 2,3 puntos porcentuales del PIB, mientras que el promedio de la Unión Europea se redujo en 0,6 puntos. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta diferencia se explica en parte por factores de carácter estructural, entre ellos «una tasa de desempleo más elevada y un mayor peso de la economía sumergida». La entidad estima que una aproximación a los niveles medios europeos en estos indicadores permitiría incrementar los ingresos públicos en más de 39.000 millones de euros sin recurrir a nuevas subidas impositivas.
Aumenta la presión sobre las empresas
En España, la presión fiscal empresarial es «claramente superior» a la media europea, sentencia Fernández de Mesa. En el año 2024, las empresas aportaron el 33,9% de la recaudación total al fisco, frente al 26% de la media de los Veintisiete. Con respecto al PIB, la presión fiscal empresarial supuso el 12,5% en España, frente al 10,3% de la media comunitaria.
El informe apunta a un aumento considerable de la carga fiscal sobre las empresas. Entre 2018 y 2024, se multiplicó por cinco en comparación con el resto de la UE, en concreto, se expandió 1,5 puntos frente a los 0,3 puntos que registró la media del Viejo Continente. Esto evidencia, según el IEE, un «endurecimiento relativo» en la fiscalidad de las empresas que «puede lastrar la inversión, la confianza empresarial y la competitividad internacional», abundan desde el IEE.
El Impuesto de Sociedades en España registra una tasa del 25%, situándose «claramente por encima» de la media europea, que está en el 21,5%. Si se compara con otras economías, España está al mismo nivel que Reino Unido, Turquía y Bélgica, en presión tributaria a las empresas, y por encima de economías como Austria, que tiene un 23%, Suecia, con un 20,6%, Polonia (19%) o Suiza (19,6%). Por lo que concluyen que España «mantiene una posición de presión nominal media-alta en Europa».
Asimismo, los expertos del IEE consideran una «doble tributación» a la «carga combinada» que hay en Sociedades al combinar el impuesto con la tributación de los dividendos, que llega al 47,5%, ya que tributan primero por Sociedades y luego por el IRPF. En la media europea, esta carga es del 38,8%.
Finalmente, otro elemento que, a juicio del IEE resta competitividad al sistema fiscal de nuestro país son las «cotizaciones sociales empresariales elevadas», que equivalen al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la media de los Veintisiete. Esto sitúa a España, según el instituto, como el cuarto país de la UE con mayor coste empresarial debido a las elevadas cargas en cotizaciones.
El informe también pone el foco en la complejidad del sistema tributario español. De acuerdo con el análisis, España alcanza una puntuación de 114,8 en el Índice de Complejidad Fiscal, un valor que supera en casi 15 puntos la media de la Unión Europea y que también se sitúa por encima del promedio de los países de la OCDE.
Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta mayor complejidad implica un incremento de las cargas administrativas que deben asumir las empresas para cumplir con sus obligaciones fiscales. En concreto, las compañías destinan una mediana de 150 horas anuales a la preparación, presentación y pago de impuestos, una cifra muy superior a las 113 horas registradas de media en la UE y a las 92 horas de la OCDE. El organismo considera que este sobrecoste burocrático repercute especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Fuente: El Economista