La Unión Europea ha atisbado, en los últimos años, como los partidos de ultraderecha han ido ganando terreno y se ha ido sumando a los Gobiernos en sus capitales. Sin embargo, las elecciones en Suecia de la semana dejaban a la formación extremista nacional tocada tras un duro golpe electoral. Mientras la ultraderecha mantiene su buena salud en Alemania o Italia, la coyuntura del país nórdico abre una cuestión más amplia sobre la viabilidad de estas formaciones en los Ejecutivo nacionales. Las promesas electorales de los partidos ultras evidencian sus puntos débiles tan pronto llegan al poder. La promesa de reducir impuestos queda diluida ante la tesitura de que el coste sea recortar derechos y protección social.
La llegada al poder de la extrema derecha le obliga a confrontar contradicciones de su propio programa electoral. Posturas populares como las rebajas fiscales se encuentran con la pregunta real de balancear las cuentas y definir cómo se compensan esas partidas. Las restricciones migratorias se topan con la limitación de la falta de talento en el mercado laboral.
La jornada electoral de hace una semana en Suecia dejaba a la formación ultraderechista de los Demócratas de Suecia (SD) con 11 escaños menos que en las anteriores elecciones de 2022. Fue en ese momento cuando se convirtieron en la segunda fuerza política más votada en el país nórdico y se rompió el cordón sanitario que había mantenido a raya a la extrema derecha. A partir de entonces, la formación capitaneada por Jimmie Akesson ha servido de apoyo al Ejecutivo sueco, en manos del Partido Moderado de Ulf Kristersson, aunque no entró a formar parte del Gobierno de coalición.
En esta última legislatura, Suecia endureció su política migratoria sirviéndose de la formación de extrema derecha como apoyo, sin entrar en el Gobierno. Estas restricciones empezaron a chocar con la economía. Las limitaciones, por extensión, a la inmigración laboral han propiciado que las empresas tecnológicas acusaran la falta de talento y dificultades para captar trabajadores cualificados.
Más allá de Suecia, la extrema derecha acumula poder en la UE. Los ultraderechistas Partido de los Finlandeses entraron a formar parte del Gobierno de Petter Orpo, lo que llevó a una fuerte consolidación fiscal y a reformas importantes en el ámbito laboral y social. Las medidas de austeridad para reducir el gasto y contener el déficit han redundado en recortes de las prestaciones sociales a los trabajadores y perjudicado a su propio electorado.
La economía finlandesa experimentó un alza en los niveles de desempleo, que llegó al 10,4% este año. No solo por las medidas de austeridad, sino también por el impacto de la invasión militar de Rusia en Ucrania.
El caso de Italia confronta una bajada de impuestos frente a unos altos niveles de deuda. El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha emprendido una agenda de rebajas fiscales. Sin embargo, Roma ostenta unos de los niveles de deuda más altos de toda la UE, del 139% del PIB, lo que deja en el aire el ajuste fiscal.
Roma ha reducido de cuatro a tres los tramos sobre el impuesto de la renta, ha impulsado medidas favorables para los autónomos, pero la presión fiscal casi no ha cambiado. La razón es que parte de estas rebajas se han visto contrarrestadas con otras medidas como límites a deducciones para las rentas altas.
El último movimiento del Ejecutivo de Meloni viene de eliminar el impuesto de la circulación para 14,5 millones de coches y motos a partir de 2027. La medida tendrá un coste aproximado de 2.360 millones de euros. Lo que no está claro es cómo financiará el Gobierno ese agujero con una deuda superior al 100% del PIB.
En Austria, el Gobierno implementó reformas favorables para las empresas y empleadores. Entre ellas, la polémica medida de aumentar la jornada máxima hasta 12 horas días. Al tiempo redujo prestaciones sociales para refugiados y extranjeros. El partido ultraderechista FPO, se hizo con importantes carteras en el Ejecutivo como Interior, Trabajo o Sanidad, y defendió que el Estado debía ser generoso con los que consideraba contribuyentes merecedores frente a restricciones a los inmigrantes.
La política de asilo más restrictiva
En el caso del Ejecutivo holandés, el foco fue la migración. El partido de Geert Widers acabo retirándose de la coalición de Gobierno, en 2025, porque consideraba que la política migratoria que se había emprendido había sido insuficiente frente a sus posturas maximalistas. Sus propuestas maximalistas en migración. El Gobierno prometió aplicar «la política de asilo más estricta de la historia» de Países Bajos. El coste de intentar declarar una crisis nacional de asilo, se saldó con un choque de frente con los socios de Gobierno. La situación le pasó factura con la pérdida de votantes.
Fuente: El Economista