La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) pide al Ejecutivo y a los distintos partidos políticos cambios normativos para evitar que se penalice el relevo de la empresa familiar a nivel fiscal.
La asociación ha presentado este miércoles un informe que recoge una batería de propuestas para mejorar la fiscalidad de la empresa familiar en el ámbito de la normativa estatal. Los expertos persiguen que las leyes nacionales se armonicen con las autonómicas para que los beneficios que permiten estas normas regionales no se queden desdibujados por la mayor rigidez de las estatales.
La ley estatal del impuesto de Sucesiones y Donaciones establece una serie de condiciones para que la persona que recibe una sociedad por donación o herencia pueda reducir la tributación por estos activos un 95%. Sin embargo, muchas CCAA permiten una bonificación mayor, del 99%, y flexibilizan los requisitos para poder acceder a ella.
Esto, a la par, tiene consecuencias en el IRPF del donante. Ya que para que la persona que traspasa la empresa familiar esté exenta de tributar en la Renta la revalorización que hayan tenido las participaciones donadas, sí o sí, se tienen que cumplir únicamente los requisitos del impuesto de Sucesiones y Donaciones de la ley estatal, en vez de la norma autonómica. De modo que, aunque quien recibe la compañía puede acceder a una mayor bonificación, quien la cede puede verse castigado.
El presidente de la AEDAF, Bernardo Bande, señaló durante la presentación del informe que la intención de la propuesta no es incrementar las bonificaciones o que los dueños de los grupos familiares paguen menos impuestos, sino mejorar la normativa para acabar con la inseguridad jurídica y la conflictividad tributaria.
La asociación busca que las normas estatales se flexibilicen y dejen de suponer una barrera a la hora de beneficiarse de las autonómicas.
En la actualidad, la ley del impuesto de Sucesiones y Donaciones estatal permite a las personas que reciben la empresa familiar por donación aplicar una bonificación del 95% en el tributo si se cumplen varios requisitos. En primer lugar, que el beneficiario sea cónyuge o hijo y que mantenga las participaciones, al menos, diez años. Además, que el donante tenga 65 años o más o una incapacidad permanente y que deje de ejercer funciones de dirección y de cobrar por ello.
La asociación propone cambios en esta normativa para que los beneficiarios solo tengan que mantener las participaciones cinco años y que se eliminen los requisitos de que el donante tenga que haber cumplido los 65 años y viniera prestando funciones de dirección para poder acceder a la bonificación.
Asimismo, como la Ley del IRPF solo permite a los donantes beneficiarse de la exención si se cumplen estos requisitos de la ley estatal de Sucesiones y Donaciones, la asociación también propone que la norma de Renta permita la bonificación cuando los contribuyentes se acojan a normativas autonómicas más flexibles.
Por otro lado, la Ley del Impuesto de Patrimonio deja a los contribuyentes que participen en la empresa familiar exentos de abonar el tributo si se cumplen una serie de requisitos, como que la compañía realice una actividad económica. En este aspecto, la asociación reclama modificaciones para definir de forma clara estas condiciones, como cuándo se entiende que se lleva a cabo una actividad económica o qué bienes están afectos. También reclaman, entre otros cambios, que se extienda la exención a parientes colaterales hasta el cuarto grado (primos) y a las parejas de hecho inscritas formalmente.
Estrella Martín, coordinadora del grupo de expertos en imposición patrimonial y empresa familiar de la AEDAF, señaló la necesidad de elaborar un marco normativo específico para permitir la continuidad intergeneracional de la empresa familiar sin que afecte a su ciclo productivo. «Este régimen jurídico instaurado por el legislador español en el ámbito estatal ha dado lugar a un estado de inseguridad jurídica por la conflictividad de los requisitos para gozar de estos incentivos», apunta. La experta reconoce que aunque la jurisprudencia y la doctrina administrativa han perfilado criterios, también vienen insistiendo en la necesidad de una revisión total de la norma estatal en materia del régimen fiscal de la empresa familiar.
Por su parte, Emma S. Corretger ha subrayado «la necesidad de que el ordenamiento jurídico no ignore la realidad económica de las empresas familiares: no podemos imponer cómo se organizan los medios materiales y personales para realizar una actividad empresarial».
Ángel Luis Valverde ha reiterado que «para fomentar la continuidad, hay que trabajar la norma a este nivel, porque se trata de facilitar el relevo haciendo que sus consecuencias fiscales no sean gravosas para la continuidad de la empresa familiar».
Para finalizar, Orlando Luján, secretario general y responsable de los Grupos de Expertos de AEDAF, ha puesto en valor el trabajo de estos equipos de trabajo altamente especializados y ha sintetizado el Paper reclamando «claridad, coordinación normativa, adaptación a la realidad económica y social y coherencia en el ordenamiento fiscal que afecta a la empresa familiar».
Fuente: El Economista