Fuerte caída de la recaudación de los ayuntamientos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía municipal. Los distintos consistorios ingresaron un total de 1.861 millones de euros en 2024, último año del que hay datos, lo que supone un descenso del 26% desde que el Tribunal Constitucional anulara en 2021 el método de cálculo de este gravamen.
Este impuesto grava el incremento del valor del suelo cuando un ciudadano vende un inmueble. Es decir, si una persona compró una vivienda en el año 2016 y la vende en 2026, se aplica un coeficiente sobre la subida que ha protagonizado ese terreno en ese período de 10 años.
La Corte de Garantías tumbó hace cinco años el sistema para calcular el impuesto por vulnerar el principio de capacidad económica, ya que permitía hacer tributar a los ciudadanos aunque el suelo no hubiera sufrido revalorización alguna. Es decir, tenían que pagar el impuesto aunque vendieran a pérdidas.
Desde entonces, los consistorios solo pueden liquidar la plusvalía si realmente hay incremento del valor del suelo desde el momento de la compra hasta su venta.
El fallo supuso una auténtica revolución para los ayuntamientos, que se vieron obligados en muchos casos a devolver, con intereses, las cuotas liquidadas en una venta a pérdidas. Aunque el TC limitó las devoluciones a aquellos contribuyentes que, a fecha del fallo, el 26 de octubre de 2021, tuvieran vivo el recurso ante la Administración tributaria o en los juzgados. Es decir, que aún no tuvieran una resolución o una sentencia firme.
Los ayuntamientos ingresaban 2.519 millones de euros en 2019, último año comparable tras la sentencia, ya que en 2020, con la pandemia, bajó el número de operaciones de compraventa y en 2021 llegó la sentencia en el último trimestre. Tras el fallo del Constitucional, pasaron a recaudar 1.421 millones de euros en 2022; hasta estabilizar los ingresos en los 1.856 millones en 2023 y en los 1.861 millones, en 2024.
Estas cuantías suponen un recorte significativo para las arcas municipales, ya que los ingresos por este impuesto siempre se habían mantenido por encima de los 2.000 millones de euros desde 2014.
La plusvalía municipal es el sexto impuesto que más ingresos aporta a los ayuntamientos, por detrás del IBI (14.104 millones de euros en 2024), del IRPF (7.547 millones), del IVA (6.874 millones), del Impuesto sobre Actividades Económicas (2.014 millones) y del Impuesto sobre Sociedades (1.877 millones). Sin embargo, antes era el cuarto tributo por volumen de recaudación.
Sin coeficientes para 2026
La falta de apoyos del actual Gobierno en el Congreso ha llevado a que este año aún no se hayan aprobado los nuevos coeficientes que se aplican sobre el valor del suelo para que los ayuntamientos puedan calcular la cuota de la plusvalía municipal. Desde la sentencia del Constitucional de 2021 es obligatorio que estos porcentajes se aprueben cada año por ley. Sin embargo, en este ejercicio, aún se están aplicando los de 2025, que van del 0,10% al 0,35% en función de los años en los que el propietario haya mantenido el inmueble antes de venderlo.
El impuesto se calcula de dos modos: bien aplicando un tipo sobre la diferencia entre el precio inicial de adquisición y el de venta, o bien multiplicando el coeficiente por el valor del suelo. Habitualmente, los contribuyentes eligen el segundo método porque es más económico.
El Gobierno intentó introducir los nuevos coeficientes en el decreto ómnibus de diciembre, en el que se incluía la revalorización de las pensiones, que decayó en enero en el Congreso por falta de apoyos. Desde entonces, el Ejecutivo no ha vuelto a intentar sacar la medida adelante en otra norma.
Fuente: El Economista