La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), que representa a aquellos que investigan y comprueban los tributos a cargo de los ayuntamientos como el IBI o la plusvalía municipal, reclama al Tribunal Supremo que establezca «criterios claros y razonables» sobre la tasa de basuras que den seguridad jurídica tanto a consistorios como a ciudadanos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 23 de marzo la tasa de basuras de la ciudad de Madrid por deficiencias en su tramitación. Tanto el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida como la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), cada uno con intereses distintos, han recurrido el fallo ante el Supremo.
En el caso contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJB) ratificó en una sentencia del pasado 9 de febrero la legalidad de la nueva tasa de basuras de Gerona.
Los inspectores de Hacienda Local, que celebraron este fin de semana su XXVI Congreso Anual en La Coruña (Galicia), donde se trató el tema, apuntaron que las últimas resoluciones judiciales evidencian la creciente inseguridad jurídica que rodea a la implantación de la tasa de residuos en numerosos municipios. «La disparidad de criterios entre tribunales, unida a las dudas sobre la fundamentación técnica y la tramitación de muchas ordenanzas, proyecta para los entes locales un escenario imprevisible sobre la validez y aplicación efectiva de esta figura tributaria, que podría terminar provocando graves problemas presupuestarios en las corporaciones locales», indican.
Y recuerdan que los ayuntamientos prevén recaudar 3.500 millones de euros al año con esta nueva tasa, obligatoria desde abril del año pasado, que están en juego por culpa de una regulación «escasa e ineficiente».
La Asociación se refiere concretamente a la Ley de Residuos de 2022 del actual Gobierno, que obligó a todos los consistorios a poner en marcha una tasa de basuras que cobrara a los hogares en función de los residuos que generaran, aunque sin dar pautas sobre cómo deben acometer este cálculo.
«Por primera vez en la historia de la tributación local, estamos ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria», indican los inspectores locales. Y señalan que todo ello ha desencadenado una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa que se están resolviendo igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo.
«Ante la deficiente regulación estatal, ANIHPL ya alertó de que nos encontraríamos con un caos tributario mayor incluso que el de la plusvalía municipal, que tanto perjuicio causó a los ciudadanos, empresas y entidades locales», recuerdan.
Fuente: El Economista