El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Trabajo cerraron 2025 sin ejecutar una parte significativa de sus presupuestos. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento dirigido por Diana Morant dejó sin gastar el 33,94% de los fondos asignados, mientras que el de Yolanda Díaz no llegó a ejecutar el 25,8% de su presupuesto.
En 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tenía un presupuesto de 7.090 millones de euros, un 11,3% más que en 2024 (6.367 millones). Asimismo, ejecutó 4.684 millones el año pasado, mientras que en el ejercicio anterior fueron 3.934 millones.
El departamento de Diana Morant destina tradicionalmente la mayor parte de su presupuesto a actividades de investigación, desarrollo e innovación. En concreto, financia proyectos científicos, la contratación de investigadores, infraestructuras de investigación y programas de transferencia tecnológica al sector empresarial.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo contó con un presupuesto de 858 millones en 2025, un 23% menos que en 2024 (1.120 millones). Asimismo, empleó 636,4 millones ese año, mientras que en el ejercicio anterior fueron 787,3 millones.
La partida del departamento de Díaz financia algunas de las principales políticas laborales del Estado. Entre ellas figuran la protección por desempleo, las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, la mediación y el arbitraje en conflictos laborales, la igualdad de oportunidades, el fomento de la economía social y el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El grado de ejecución de los presupuestos de los 22 ministerios que conforman el Gobierno fue del 84% en 2025, 4,2 puntos porcentuales menos que un año antes, cuando alcanzó el 88,2%. En consecuencia, el 16% de la partida conjunta quedó sin aplicar. Asimismo, cabe mencionar que, en total, los recursos ascendieron a 199.396 millones de euros y se emplearon 167.486 millones.
Si se analiza la ejecución de presupuesto por departamentos, el de Economía, Comercio y Empresa fue el ministerio con menor grado de aplicación. En concreto, contó con una partida de 15.964 millones y ejecutó solo el 31,5%. Le sigue el de Hacienda –entonces dirigido por María Jesús Montero y hoy por Arcadi España García– con un 51,9%. Poseía unos recursos de 17.768 millones, según consta en los documentos oficiales. El tercer puesto lo ocupa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y le sigue el de Juventud, que no aplicó el 27,8%, y el de Trabajo y Economía.
En la otra cara de la moneda, el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ejecutó el 99,5% del presupuesto. En concreto, la cartera de Elma Saiz contó con una partida de 55.100 millones y gastó 54.800 millones. La mayor parte de los recursos de este ministerio se dedican al pago de las pensiones contributivas, como la de jubilación.
Le sigue el de Defensa, que solo dejó sin aplicar el 1,70% del presupuesto. En 2025, contó con una partida de 19.131 millones. Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ocupó el tercer lugar en cumplimiento de su presupuesto al aplicar el 98,3%; y el de Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, con un 97,1%. También la cartera de Igualdad empleó el 96% de su presupuesto.
Otros ministerios como el de Sanidad ejecutó el 84,6% de su presupuesto. Este contó con una partida de 1.460 millones, mientras que un año antes tenía 1.717 millones. Por su parte, el de Vivienda y Agenda Urbana empleó el 95,8% de la partida (4.781 millones).
La falta de ejecución presupuestaria no puede atribuirse, por sí sola, a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, como demuestran ejercicios anteriores en los que las cuentas también estuvieron prorrogadas y los niveles de gasto fueron superiores. La prórroga implica que cada ministerio mantiene la misma dotación presupuestaria que figuraba en las últimas cuentas aprobadas, en este caso las correspondientes a 2023. Ese fue, además, el último ejercicio en el que las Cortes Generales dieron luz verde a unos nuevos presupuestos.
Con esas cuentas prorrogadas, cada departamento dispone de una cuantía asignada para desarrollar sus políticas y asumir sus compromisos de gasto. Que una parte de esos fondos no llegue a utilizarse responde, por tanto, a la gestión de cada ministerio y no al mero hecho de operar con unos presupuestos prorrogados.
Tampoco cabe interpretar esa menor ejecución como una estrategia para reducir el déficit público. Los créditos presupuestarios que no se gastan no constituyen un ahorro efectivo por sí mismos ni se traducen automáticamente en una mejora del saldo de las cuentas públicas, ya que el déficit se calcula sobre la diferencia entre los ingresos y los gastos efectivamente realizados.
El Congreso de los Diputados rechazó en la última sesión la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno, un trámite imprescindible para avanzar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Este documento fija los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años y establece el margen de gasto del que dispondrán las distintas administraciones antes de que las cuentas lleguen a las Cortes. Sin la aprobación de la senda fiscal, el proceso presupuestario queda bloqueado, ya que el Gobierno no puede continuar con la tramitación de unas cuentas que sustituyan a las actuales.
Fuente: El Economista