El esperado proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 está listo para ser aprobado y enviado a las Cortes. En los despachos del Ministerio de Hacienda tienen todo preparado. Solo falta una orden política.
Aunque lo único que se ha hecho público sobre el contenido es el techo de gasto del Estado (212.026 millones de euros) y los objetivos de estabilidad (tumbados por el Congreso en diciembre), fuentes internas de Hacienda han declarado a elEconomista.es que una de las novedades principales es «el enorme aumento del gasto en defensa, se bate un auténtico récord, pues nunca se había producido uno igual en esta materia».
El Gobierno incluye así en las Cuentas públicas su compromiso con la OTAN de dedicar el 2,1% del PIB a gastos en seguridad y defensa. Si en 2025, estos gastos (10.417 millones) tuvieron que financiarse de diversas maneras, desde el Fondo de Liquidez Autonómica a créditos no ejecutados, en 2026 se van a recoger en el proyecto de ley presupuestario. Las mismas fuentes señalan que, aunque lo más probable es que no sean aprobados por la minoría parlamentaria que tiene el Gobierno, al menos se trasladan a un papel que no estará vigente pero servirá de referencia y control.
El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el presidente Pedro Sánchez en abril de 2025, contempla 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) con el objetivo de renovar los materiales, los equipos y la tecnología de las fuerzas militares terrestres, marítimas y aéreas, además de adoptar más ciberseguridad. El Plan de Seguridad y Defensa en conjunto importará 34.000 millones de euros hasta 2037.
A lo largo de sucesivos Consejos de Ministros celebrados el año pasado, se han ido aprobando compromisos de gasto para financiar los PEM. Son inversiones reales que cubren varios ejercicios.
Según un informe del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, titulado ‘Rearme 2025’, el Gobierno adjudicó en total 31.793 millones de euros a lo largo del año pasado para gastos militares.
El dato general multiplica por más de ocho el importe adjudicado en 2024, e incluso supera el acumulado del periodo 2018-2024. El informe utiliza datos del Portal de Contratación del Estado.
Los Ministerios de Defensa y el de Industria y Turismo son las principales secciones del Presupuesto implicadas, pero también reciben fondos empresas públicas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como Navantia, o entidades como el CDTI.
En todo caso, el Gobierno tiene ante sí un difícil equilibrio. Ha de cumplir el compromiso con los socios de la OTAN, a la que hay que rendir cuentas, pero también a sus socios de coalición y de legislatura. Hasta el punto que la tardanza en presentar el proyecto de ley en el Congreso se atribuye a no querer dar a conocer unos gastos que no van a ser bien recibidos por la mator parte de los grupos que todavía apoyan al Gobierno. El recurso de las modificaciones de crédito y las transferencias entre partidas, utilizado en estos dos últimos ejercicios sin presupuestos, es más útil en este caso, pues estas operaciones se hacen sin control parlamentario y son muy difíciles de seguir.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda Mª Jesús Montero asegura que la presentación de las Cuentas públicas de 2026 se producirá en el primer trimestre. En el Ministerio informan de que la fase en la que se encuentran en estos momentos es en la «del trabajo con los grupos. El proyecto de ley está preparado para negociar», señalan.
Los apoyos, actualmente, no están muy claros. Junts, la formación más «deseada», insiste en su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo. Las mismas fuentes creen que «lo de menos ahora para Junts es que haya más inversiones en Cataluña, ya que el mérito se lo llevarían Illa y Junqueras».
A partir de marzo comienza a correr la tramitación de los de 2027
Hacienda tiene la intención de presentar el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2026, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, en este primer trimestre del año. Mientras tanto, el 1 de enero entró en vigor la prórroga automática de los últimos aprobados, los de 2023.
Una vez más, el tiempo corre en contra. La aprobación de unas Cuentas empezado ya el ejercicio al que corresponden es un mecanismo lícito que otras gobiernos ya han empleado antes.
El problema en este caso es que cuanto más tarden en presentarse los de 2026, empieza a correr el reloj para comenzar la tramitación de los de 2027.
En el mes de marzo, el Ministerio de Hacienda ha de poner de nuevo en marcha la maquinaria presupuestaria. Todos los ministerios han de reportarle sus gastos y prioridades. A continuación, Hacienda debe redactar la orden ministerial que recoge los criterios para elaborar las Cuentas públicas de 2027, orden de la que informará al Consejo de Ministros y que se publicará en el BOE.
Y a partir de ahí, comienza de nuevo todo un proceso largo y minucioso. Este se complica, además, con las negociaciones políticas que hay que llevar a cabo para lograr el apoyo en el Congreso. De continuar el panorama político como está en la actualidad, será muy difícil contar con unos Presupuestos. Aunque todavía falta saber qué va a pasar con los del año en curso.
Fuente: El Economista