Por segundo año consecutivo, el Congreso de los Diputados ha rechazado los objetivos de déficit que había planteado el Gobierno. Un voto en contra que conduce al país a un vacío legal, en tanto que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar unos Presupuestos Generales del Estado de 2027. La normativa recoge la senda fiscal como el paso previo a la elaboración de las Cuentas, lo que ha llevado a muchos expertos a dudar si puede hacerlo.
Es por ello que los técnicos de Hacienda que conforman Gestha creen necesario que el Gobierno impulse una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. «El legislador no reguló las consecuencias de un segundo rechazo parlamentario» explica el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, que entiende que el marco actual abre la puerta a interpretar tanto que Hacienda está en disposición de presentar las Cuentas, como que no puede hacerlo.
En los últimos días han surgido voces, como la de la presidenta de la AIReF Inés Olóndriz, que defienden que el Gobierno puede y debe presentar los Presupuestos porque está obligado por la Constitución y que este vacío no es excusa para no hacerlo. En contra, en el ámbito académico se lee la aprobación de los objetivos de déficit como un punto del procedimiento a cumplir antes de continuar con la tramitación del proyecto de Presupuestos.
«Ambas posiciones disponen de argumentos entendibles y por ello, el argumento de fondo no consiste solo en determinar cuál debe prevalecer, sino en que una cuestión esencial para el funcionamiento del Estado carece de una respuesta normativa clara» apunta Gómez Vergel en este sentido, quien se muestra convencido de la necesidad de cambiar la ley que sirve de base a este procedimiento, pese a la dificultad de hacerlo en el contexto actual por requerir 176 votos, la cifra que determina la mayoría absoluta.
«La seguridad jurídica exige que las reglas esenciales del procedimiento presupuestario estén claramente definidas, por lo que la respuesta más adecuada sería abordar una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que determine expresamente qué sucede tras un segundo rechazo de los objetivos» traslada a elEconomista.es. De lo contrario, es previsible que la cuestión acabe en el Tribunal Constitucional, órgano que ya se va a pronunciar a petición del PP sobre la decisión del Gobierno de no presentar Presupuestos en los últimos años.
La Carta Magna establece que el Gobierno tiene que enviar al Parlamento el proyecto de Presupuestos tres meses antes de que termine el año, esto es el 30 de septiembre. No obstante, desde las elecciones generales de 2023 no ha dado este paso ninguna vez, lo que ha llevado al país a prorrogar hasta en tres ocasiones las Cuentas aprobadas en 2022 y preparadas para un contexto económico marcado por la guerra de Ucrania. A las puertas del año electoral, Pedro Sánchez, ha decidido cambiar su estrategia y avanzar en los trámites para presentarlos, sin tener los apoyos atados.
Fuente: El Economista