Las once comunidades del PP han enviado una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que solicitan retrasar a septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para este miércoles 29 de julio y en el que el Gobierno pretende abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
En la misiva, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla sostienen que la propuesta que el Ejecutivo lleva al CPFF es «el fruto de un pacto bilateral con ERC» y recuerdan que un planteamiento similar ya fue rechazado en la reunión de enero por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo de financiación.
A su juicio, intentar aprobar ahora esa misma propuesta de forma acelerada vulnera el principio de igualdad entre Comunidades Autónomas recogido en la Constitución y en la LOFCA. «Un modelo pactado con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen», suscriben.
Las once regiones coinciden en la necesidad de reformar un sistema de financiación que lleva 16 años en vigor, y ven «imprescindible» que su revisión se adecue a las necesidades reales de gasto y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos. No obstante, critican que el procedimiento seguido por Hacienda «no ha sido un verdadero mecanismo de negociación multilateral».
En este sentido, denuncian que el Gobierno ha priorizado negociaciones bilaterales y ha llevado la propuesta al Consejo sin que previamente hubiera sido evaluada de forma adecuada por el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE). «Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14, convalide todo lo mal hecho», agregan.
Al hilo de lo anterior, la carta también cuestiona la falta de información facilitada por el Ministerio. Los consejeros aseguran que siguen sin disponer de las simulaciones completas sobre el impacto del nuevo modelo ni de la memoria de cálculo del reparto de recursos, documentación que consideran «imprescindible» para valorar una reforma que condicionará la financiación autonómica durante los próximos años.
Además, reprochan los plazos fijados por Hacienda y recuerdan que la documentación del CTPE se remitió apenas tres días hábiles antes de la reunión del Consejo, pese a que las comunidades habían presentado numerosas observaciones sobre aspectos clave como la población ajustada, los criterios de nivelación o los fondos específicos. En su opinión, continúan, «el calendario impide un análisis riguroso y evidencia que el Gobierno no tiene intención de incorporar las alegaciones presentadas».
Los firmantes añaden que la falta de presupuestos tampoco favorece una reforma estructural de la financiación. En este sentido, subrayan que España continúa con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados y sin objetivos de estabilidad aprobados para 2027, además de denunciar que Hacienda no ha explicado cómo encajará financieramente el nuevo sistema ni ha presentado una evaluación de su impacto por parte de la AIReF.
Por todo lo anterior, las comunidades del PP reclaman que el Gobierno posponga la reunión del CPFF hasta septiembre y abra un proceso de negociación con toda la información disponible y con tiempo suficiente para estudiar una reforma que consideran determinante para la financiación de los servicios públicos.
«Una reforma de esta envergadura ha de abordarse con todas las Comunidades, con la información completa y con el tiempo indispensable para su estudio, y no puede resolverse sobre unas premisas y unos plazos que lo impiden», sentencian.
Fuente: El Economista