El ministro justifica la medida: «Había que echar un cebo a los pececitos».
Las amnistías fiscales pueden tener fecha de caducidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso ayer al Congreso de los Diputados modificar la Ley General Tributaria para prohibir regularizaciones similares en el futuro. El anuncio supone enmendar la política fiscal del propio Gobierno, que aprobó en 2012 una amnistía fiscal. Montoro anunció que ofrecerá la modificación a las Cortes ante el contexto de «transparencia internacional» que ha provocado que países que antes eran paraísos fiscales vayan a intercambiar información con Hacienda. El ministro se refiere al intercambio automático de cuentas financieras, iniciativa de la OCDE que provocará que a partir de septiembre la Agencia Tributaria reciba una oleada de datos de 53 países. El procedimiento se ampliará a otros 47 estados en 2018 entre ellos Suiza y Andorra.
La idea de prohibir las amnistías fiscales en el futuro no es novedosa. El ministro de Economía socialista, Carlos Solchaga, después de aprobar la amnistía fiscal de 1991, prohibió regularizaciones futuras en los Presupuestos Generales de 1992. Por ello se cuestionó la efectividad de la medida en el Congreso. «Usted ya sabe que esto no sirve de nada, para ello debería cambiarse la Constitución», criticó Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos.
El ministro comparecía en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para explicar la sentencia del Constitucional, que anuló la amnistía que el Gobierno aprobó en 2012 al haberla sacado por decreto ley y no como una norma ordinaria. La sentencia del TC, más allá de este defecto de forma, incluía también una dura crítica a la llamada Declaración Tributaria Especial (DTE), si bien el dictamen no tenía efecto alguno sobre los acogidos ni sobre el procedimiento.
Gravedad de la crisis
Montoro justificó la aprobación de la amnistía fiscal en que el país en 2012 estaba «al borde de la quiebra». «Lo que me angustiaba no era esa medida, sino que el país se hundiera», afirmó el ministro. La amnistía fiscal aprobada en 2012 permitió a 31.529 personas y empresas regularizar su situación y aflorar 40.000 millones de euros que hasta entonces estaban ocultos a los ojos del Fisco. Por ellos, Hacienda ingresó 1.200 millones.
«A mí no me gustó nada poner en marcha la regularización extraordinaria que supuso la DTE. De hecho había sido ministro en mayoría absoluta y ni se me ocurrió recurrir a esta medida», apuntó.
Ante la no obtención de los 2.500 millones fijados como objetivo de recaudación por la amnistía, Montoro también explicó que los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda recomendaban que la amnistía no podía interrumpir la prescripción de las irregularidades afloradas. Finalmente la regularización permitió aflorar las rentas prescritas sin pagar tipo alguno. Las dudas jurídicas también provocaron que la Agencia Tributaria no pueda realizar comprobaciones aisladas con la declaración de los acogidos, pero sí se puede utilizar la información si se cruza con otros datos.
El otro factor de la amnistía con el que se justificó el ministro fue la lucha contra el fraude, ya que la amnistía fiscal «ha hecho posible miles de inspecciones». Montoro recordó que tras la regularización se aprobó un endurecimiento de la Ley de lucha contra el fraude que fijó la obligación de declarar cada año los bienes en el extranjero –el llamado modelo 720, con elevadas multas–. En el argot de Hacienda, la amnistía fiscal fue la zanahoria y el modelo 720, el palo posterior.
Inspecciones y resultados
«En el año 12 el Gobierno echó el anzuelo. Hubo que poner un cebo. Hubo que ponerlo porque si no nadie se atreve a picar y los pececitos se van a otro sitio», ironizó el ministro. Montoro resaltó que desde 2013 la Agencia Tributaria ha desplegado 10.990 actuaciones inspectoras a declarantes del modelo 720 liquidando 961 millones e instruyendo deuda por valor de 1.947 millones. Sobre los acogidos se ha inspeccionado a 3.943 contribuyentes, el 11% de los 30.000 amnistiados, aflorando 268 millones de deuda de los que se ha ingresado 212.
Tras estas explicaciones, el ministro anunció que tras la aprobación de los Presupuestos de 2017 propondrá a las Cortes reforzar los efectivos de la Agencia Tributaria. La medida va en la línea de una enmienda de Ciudadanos a las cuentas de 2017 para dotar de 1.000 plazas más al Fisco. Ante cualquier recuerdo de la amnistía, el Ejecutivo prefiere mirar al futuro.
Fuente: Abc.es