La proliferación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) para unir a desarrolladores de proyectos de I+D con inversores interesados en financiarlos a cambio de obtener ventajas fiscales ha puesto en alerta a Hacienda. La inspección ha entrado de lleno a vigilar el uso fraudulento de estas estructuras por parte de investigadores y financiadores para inflar el coste de los proyectos y de ese modo incrementar las deducciones, los márgenes y, en caso de que haya pérdidas, los créditos fiscales.
Carlos Artal de Lara, director general de Ayming España, consultora especializada en financiación de I+D y fiscalidad, recuerda que estas estructuras son totalmente lícitas y están amparadas por la Ley de Ciencia para promover la inversión privada en proyectos de investigación. Sin embargo, advierte de que hay un uso abusivo de las AIE y muchas formas de hacer trampa.
El experto explica que en ocasiones se utilizan proyectos que no son realmente de I+D para montar estas estructuras y aprovecharse de las deducciones o incluso se reutiliza un mismo proyecto con un nombre distinto para ofrecérselo a distintos financiadores. Dentro de estas malas prácticas, añade, también se están radicando AIE en Canarias para aprovechar su régimen fiscal, de menor tributación y exento de IVA, cuando ni el desarrollador ni el inversor están en las islas.
Carlos Artal señala que las ventajas fiscales que ofrecen las AIE han hecho proliferar la creación de pequeños despachos dedicados a montar estas estructuras garantizando márgenes inflados que luego, a los años desaparecen. «Hay un vacío porque la ley dice que se puede utilizar esta figura para financiar proyectos de inversión, pero no dice cómo, por lo que permite que haya prácticas no ideales».
Miguel Ángel Moriano Ogalla, responsable legal de Ayming España, añade que desde la Administración se debería regular la situación, como ya se hizo con las inversiones en el ámbito del cine, y establecer un código de buenas prácticas para que las consultoras se adhieran. «Hay inversores que por cuestiones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) están dispuestos a entrar y obtener rentabilidades de potenciales proyectos de I+D, pero por el ruido que hay derivan las inversiones a otros incentivos como los del mundo del cine», indica.
Más de mil proyectos al año
Las AIE son entidades que, aunque transparentan cuentas, no tributan en el impuesto de Sociedades, de modo que son los inversores los que obtienen directamente las deducciones, ganancias o pérdidas.
La ley del tributo permite la deducción del 25% de los gastos hechos en I+D, aunque la ventaja puede llegar hasta el 42%. En el caso de proyectos de innovación tecnológica, la deducción es del 12%. Aunque en este último caso el beneficio sea inferior, Carlos Artal indica que estos proyectos son más fáciles de duplicar y colocar a distintos inversores con pequeños cambios.
El Ministerio de Ciencia es el encargado de avalar si los proyectos presentados cumplen con los requisitos científicos y tecnológicos necesarios para poder aplicar los incentivos fiscales asociados, aunque después Hacienda entra a controlar los gastos deducidos. Sin embargo, la realidad es que la Administración está saturada. Tan solo en 2024, Ciencia emitió 1.140 informes sobre proyectos de I+D.
Fuente: El Economista